Defender la Constitución de 1991 y oponerse a una Constituyente suena, a primera vista, como la promesa más conservadora —en el sentido institucional— de toda la campaña. Pero conviene leerla junto al resto del paquete: reducir el Estado en 40%, eliminar el INPEC, sacar a Colombia de la ONU y la CIDH, y hablar de 'refundar' el país no son cambios menores, y todos los plantea por la vía legislativa o decretos, no por una reforma constitucional formal.
La pregunta que queda abierta es si rechazar la Constituyente es realmente una defensa del orden institucional, o una forma de evitar el trámite más lento y exigente —el que requiere consenso amplio— para lograr cambios de fondo por una vía más rápida y con menos contrapesos.