Abelardo de la Espriella mantiene la ampliación del porte legal de armas como una de sus apuestas centrales en seguridad, condicionada —según ha dicho— a exámenes físicos y mentales y a controles estatales. Su argumento de fondo es una cifra que repite con frecuencia: que el 99,9% de los crímenes con armas se cometen sin permiso, dato que hasta ahora no ha sustentado con una fuente verificable. Llama la atención que el mismo candidato señale como corrupto el proceso actual de expedición de permisos, justo el sistema que tendría que filtrar a quienes accedan a más armas bajo su propuesta. La coherencia del plan quedó además a prueba el día de la segunda vuelta, cuando un escolta de su campaña en Medellín fue hallado portando un arma sin la documentación correspondiente. Más allá del caso puntual, la propuesta deja una discusión pendiente: si el problema es la debilidad institucional, ¿la respuesta es repartir más armas entre civiles o reforzar la capacidad del Estado para controlar las que ya circulan? Estado de la promesa: confirmada y sostenida en campaña; la cifra que la sustenta, sin verificación independiente.