Un mes. Ese es el plazo que De la Espriella, ya como presidente electo, le da a los grupos armados ilegales para 'entrar en razón' y organizar su sometimiento, antes de que su gobierno use 'toda la capacidad del Estado' contra quienes sigan en armas. Es la concreción operativa de lo que venía anunciando desde campaña: nada de negociación política, solo una ventana corta para rendirse.
El plazo es lo que distingue esta raya de las anteriores —ya no es promesa abstracta de 'fin de la Paz Total', sino un cronómetro con fecha de vencimiento real una vez asuma el cargo—. Treinta días es poco tiempo incluso para que estructuras armadas dispersas y con mandos fragmentados logren organizar algo parecido a una rendición colectiva, así que vale la pena observar qué tan flexible resulta ese plazo en la práctica frente a lo anunciado en campaña.